SERBIE - BELGRADE : "20ème anniversaire du Bombardement de l'OTAN - 1999 - On n'oublie rien avec les articles de combats de Paco Peña

Note de la Rédaction

20ème anniversaire du Bombardement scandaleux de la SERBIE par l'OTAN.

Cet acte belliciste révoltant ne peut être oublié.

Nous publions ici des articles de combats parus initialement dans le journal "PUNTO FINAL" sous la plume de Francisco Paco Pena.

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1er article :

"Necesaria defensa de la soberanía"

Paco Peña - París

[El proceso de mundialización capitalista en curso ha trastornado la economía mundial y, arrasando fronteras, pisotea la soberanía de los países imponiendo el dogma neoliberal en los cuatro puntos del planeta.

Esta nueva fase capitalista causa estragos en el Tercer Mundo al tiempo que obtiene nuevos mercados para el cerrado club de naciones poderosas lidereado por Estados Unidos. También las economías de los países desarrollados sufren los embates de una política de privatización masiva que afecta a todos los sectores de la actividad económica.

El proceso imperial en curso, que constituye el rasgo dominante de nuestra época, necesitaba completarse con un proyecto estratégico global en el campo de la seguridad. Éste fue elaborado y aprobado por la Otan en abril de 1999, en plena guerra contra Yugoslavia.]

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De dicho proyecto se ha desprendido "naturalmente", su corolario jurídico, el llamado "derecho de injerencia", que trata de camuflar su verdadero objetivo, esto es, el intento imperial de sometimiento y sojuzgamiento de los pueblos.
La soberanía de los Estados y la propia Carta de la ONU han sido pisoteadas y, sacralizando los derechos del hombre, esta nueva fase de dominación capitalista llamada mundialización, impuesta por un puñado de naciones bajo la batuta de Estados Unidos, ejerce una justicia selectiva, castigando a todos aquellos que manifiestan su oposición al mundialismo invasor.
El principio de territorialidad de la justicia, que había sido aceptado hasta nuestros días en las relaciones entre Estados, es desde ahora cuestionado y so pretexto de defender los derechos del hombre se ha impuesto una nueva perversión: el derecho de injerencia judicial.
Algunas operaciones de injerencia ampliamente publicitadas, hicieron pensar a algunos cándidos en la imparcialidad de esta nueva justicia internacional y muchos creyeron que, luego de la detención de Pinochet en Londres, ya no habría más dos raseros en el campo de los derechos humanos. Los delitos calificados como crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, serían desde ahora castigados con la misma voluntad y severidad en todo el mundo.
La ingenuidad de este razonamiento parecía ignorar la gratitud con la cual el imperio trata a sus sirvientes, incluso si se trata de connotados criminales.
La detención de Pinochet provocó una gran sorpresa. Un juez español socorría a la desfalleciente y pusilánime democracia chilena, que no había osado encarcelar a un ex dictador y a sus secuaces, culpables de monstruosos crímenes.
Los acuerdos entre bambalinas prevalecieron y Pinochet fue liberado por el ministro laborista Jack Straw, luego de transacciones con sus amigos socialdemócratas chilenos. El ex dictador fue recibido con gran pompa por el Alto Mando de las FF.AA., obteniendo una victoria definitiva cuando la Corte de Apelaciones emitió un veredicto declarando la imposibilidad de juzgarlo por su deterioro mental.
Considerado restrospectivamente, el caso Pinochet sirvió para legitimar una justicia internacional que desde entonces se ha dedicado con saña, y prioritariamente, a perseguir a los enemigos del Imperio, invocando por cierto su imparcialidad, ecuanimidad y espíritu universalista.
El "amigo de Inglaterra", como calificó Margaret Thatcher a Pinochet -hombre del imperialismo- pudo zafarse de la incómoda postura en que se encontraba, gracias a sus amistades y a las gestiones realizadas por el gobierno chileno. Estados Unidos y Gran Bretaña, particularmente, no pudiendo defender abiertamente a uno de sus hijos putativos, comprendieron la utilidad política que podían sacar del nuevo principio de extraterritorialidad que el precedente inauguraba. Las potencias que gobiernan el mundo hicieron una jugada maestra al lograr preservar la impunidad de uno de sus hampones, imponiendo al mismo tiempo el llamado derecho de injerencia contra los Estados recalcitrantes, reacios a aceptar el nuevo orden mundial.
Cabría preguntarse por qué la ONU, que proclama su adhesión a tan nobles principios, manifiesta tal desidia para proteger al pueblo palestino, kurdo, tibetano, checheno, vasco, macedonio, afgano, mapuche, etc.
Uno de los ideólogos de los derechos del hombre, el profesor socialista francés Mario Bettati, sostiene la caducidad de la noción de independencia y de soberanía nacional, percibidas como "funestas para la libertad... puesto que no impiden el avance de ninguna de las dos amenazas mayores: el Estado demasiado poderoso, característico de las dictaduras fascistas o comunistas, y el Estado demasiado débil, característico de las situaciones de caos y anarquía".
"Demasiado Estado", muletilla común de los apologistas de la economía de mercado y del derecho de injerencia.
Antes de la segunda guerra mundial, la protección de los derechos humanos estaba en sus balbuceos. La Sociedad de Naciones había previsto sólo la protección de ciertas categorías de individuos: las minorías nacionales y la población de los países sometidos a una potencia mandataria.
Al final del segundo conflicto mundial, los vencedores juzgaron a los vencidos estableciendo una serie de instrumentos legales internacionales, obligatorios para todos los Estados signatarios(1) que castigaban los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio. Si los delitos eran vistos por un tribunal del país en el cual estos crímenes habían sido cometidos o, si el Estado al que pertenecían los acusados los juzgaba, la comunidad internacional no intervenía. De todos modos tenía derecho a control en materia de libertades fundamentales. Los diversos procedimientos de control instaurados y los informes presentados periódicamente a la Comisión de derechos humanos dependiente de la ONU -con todos los problemas prácticos y de credibilidad que conllevaban- respetaban al menos la independencia y soberanía de cada Estado, uno de los pilares de la Carta de la ONU.
Hoy, las ex potencias coloniales en un bloque reunificado bajo la égida de Estados Unidos, se han autoacordado el derecho de confiscar a los pequeños Estados el ejercicio de la soberanía en sus territorios, escondiéndose bajo el noble amparo de los derechos humanos. Este derecho de injerencia, que algunas resoluciones de la ONU esbozan, sirve en realidad de cobertura a las intervenciones militares de las grandes potencias y a las violaciones del derecho internacional que éstas realizan en nombre de los derechos humanos.
Algunos meses después de la entrada de las tropas de la Otan a Kosovo, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, declaró que el concepto de soberanía nacional tenía que ser redefinido.
Desde tiempos remotos el principio de la soberanía de los Estados ha sido la viga maestra del derecho internacional: "El rey es emperador en su reino", afirmaban antaño los juristas y la Carta de la ONU proclama el principio de no injerencia.
Aun cuando la ONU fija como norma fundamental el respeto a la soberanía de cada Estado, la Carta prevé en casos excepcionales debidamente calificados, ciertas limitaciones a este principio y autoriza a la comunidad internacional a intervenir si ésta estuviere confrontada a un Estado cuya acción constituyere amenaza para la paz. Pero incluso en ese caso, el dispositivo previsto puede ser desencadenado sólo por el voto de la mayoría del Consejo de Seguridad con el concurso de la unanimidad de sus miembros permanentes.
Como se sabe, para evitar el posible veto de Rusia y China, Estados Unidos decidió -con la anuencia de los países europeos- violar la Carta de la ONU y emplear a su brazo armado -la Otan- para hacer la guerra a Yugoslavia. Ese conflicto puso en evidencia que el derecho de injerencia es una prerrogativa no negociable para Estados Unidos y las grandes potencias. Hasta hoy no se ha visto a un pequeño Estado intervenir en los asuntos internos de las grandes potencias.
Con la resolución 1368 del 12 de septiembre pasado, la ONU abdica una vez más ante la fuerza bruta y acepta la tesis de Estados Unidos, quienes asimilan los atentados de Nueva York a un ataque de una potencia extranjera. La ONU reconoció con esta resolución el derecho de Washington "a la legítima defensa... en conformidad a la Carta de la ONU". Pero, como durante la guerra del Golfo -cuando la ONU "delegó" a Estados Unidos y a su coalición el derecho de hacer en su nombre la guerra a Iraq- la ONU renuncia a respetar el espíritu de la Carta en los acápites relativos al papel del Consejo de Seguridad y del comité de estado mayor que debería haber creado ad hoc para tal eventualidad. Ante las presiones y declaraciones conminatorias de Estados Unidos, la idea-fuerza expresada en el capítulo VII de la Carta (artículos 39 a 51), no ha sido respetada una vez más por la máxima organización internacional.
El derecho a hacerse justicia por su propia cuenta, así como el derecho de injerencia tienden a desarrollarse y podrían transformar al mundo en una gigantesca jungla gobernada por la ley del más fuerte. Edulcorado con las mejores intenciones, sus funestas consecuencias no dejarán de acentuarse en los países del Tercer Mundo porque, curiosamente, los crímenes contra la humanidad parecieran ser un producto exportado casi exclusivamente por los Estados subdesarrollados del planeta.
El 28 de junio pasado se cerró el último acto de la conspiración internacional que condujo a Slobodan Milosevic -acusado de corrupción y encarcelado desde abril en Belgrado- a una prisión especialmente construida en La Haya. Ultimo acto de una serie de injerencias por parte de las potencias occidentales en los asuntos internos de un país soberano miembro de la ONU.
Milosevic accedió a la presidencia de Serbia por vía del sufragio universal en 1990, siendo elegido presidente de la RFY en 1997. Vencido en septiembre de 2000, Vojislav Kostunica fue proclamado presidente de la RFY.
La unión de la oposición en torno a este jurista poco conocido fue posible, entre otras cosas, gracias a los esfuerzos mancomunados entre los partidos de oposición y Estados Unidos, que contribuyeron con una substancial ayuda financiera. El International Herald Tribune del 13 de diciembre de 2000, reconoció que Washington desembolsó 10 millones de dólares en 1999 y 31 millones en 2000 para tal efecto. Detrás del descontento de buena parte de los yugoslavos frente al gobierno de Milosevic y la aparente espontaneidad de las manifestaciones que precedieron su aceptación de la derrota, había una estrategia preparada con cuidado y regada en abundancia con dólares norteamericanos y marcos alemanes, igual que en los años 70 en Chile, durante la huelga de nuestros "patrióticos" transportistas.
Cuando el diluvio de fuego caía en Yugoslavia sobre objetivos civiles -TV, la embajada de China, las escuelas y edificios públicos, matando a civiles, niños y mujeres- Milosevic fue inculpado (27/5/1999) por el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY) por crímenes contra la humanidad. Se criminalizaba al enemigo y las potencias occidentales rehusaban reconocer que le hacían la guerra, evitando al mismo tiempo aceptar la legitimidad de los dirigentes de la RFY.
El TPIY fue creado por Estados Unidos y las potencias europeas en febrero de 1993. Rusia y China también concurrieron con sus votos. En la inextricable situación internacional que se vivía en la época, consecutiva a la dislocación de la URSS y a la cruzada lanzada por Occidente para recuperar los pozos petrolíferos de Kuwait, Moscú y Pekin no quisieron o no pudieron oponerse a la voluntad del Imperio. El TPIY reveló rápidamente lo que era: un títere en manos de Washington. Para su financiamiento depende de los occidentales al igual que para la documentación, las pesquisas y detención de los acusados. Su accionar aparenta procedimientos gangsteriles y no una visión ecuánime e imparcial de la justicia, siguiendo dócilmente las instrucciones de Estados Unidos. El TPIY ilustra a la perfección la actitud de estos últimos ante la justicia internacional: cuando ésta sirve a sus intereses la apoyan y la promueven, cuando temen que se les escape de las manos o los amenace, la sabotean, como ocurre actualmente con la Corte Penal Internacional (CPI).
La desvergonzada manipulación de la ONU por parte de Washington, se manifestó poco antes del 11 de septiembre mediante el chantaje que la mayoría del Senado estadounidense propuso: los Estados Unidos ratificarían el tratado instituyendo la CPI y autorizarían el pago de la deuda acumulada ante la ONU, a condición que los soldados norteamericanos que participasen en el futuro en operaciones de "mantenimiento de la paz", no pudieran ser acusados ante la Corte por crímenes de guerra.
El Senado pedía con todo desparpajo la más completa impunidad para los futuros crímenes, como los que actualmente comete contra la población civil afgana.
El TPIY, juez y parte, no acogió la acusación por violación de la Otan del derecho internacional durante la guerra contra Yugoslavia. Así lo declaró el informe del Tribunal redactado por un equipo de abogados y expertos militares en su mayoría... ¡pertenecientes a países de la Otan! Y la Procuradora, Carla del Ponte, afirmó: "Estoy muy satisfecha que la Otan no haya atacado deliberadamente objetivos civiles", explicando que las querellas presentadas por Rusia, la RFY y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos "no tenían ningún fundamento".
Sin embargo, Amnesty International declaró que la Otan había violado la legislación internacional durante los bombardeos a sabiendas que golpearían sobre todo a civiles: "La ONU debería llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones graves a la legislación humanitaria internacional... El bombardeo del 23 de abril de 1999, de la sede de la TV pública que causó la muerte de decenas de civiles, era un ataque deliberado que constituye un crimen de guerra", sostuvo.
Una vez terminada la guerra, Estados Unidos sometió a Yugoslavia a toda clase de presiones y chantajes, inundando a la oposición con dólares. Una ley tendiente a autorizar la extradición de ciudadanos yugoslavos propugnada por Estados Unidos fue rechazada por la mayoría del Parlamento yugoslavo y la Corte Constitucional. Violando la Constitución, un hombre a las órdenes del Imperio, el primer ministro Zoran Djindic, satisfizo la sed de venganza de sus mandantes, entregando al ex presidente yugoslavo a la Otan. De nada han valido la renuncia del primer ministro federal, Zoran Zizic, ni las lamentaciones del ambiguo presidente Kostunica, calificando el secuestro de "ilegal" y "anticonstitucional".
Al día siguiente los banqueros occidentales abrieron generosas líneas de crédito -3,5 mil millones de dólares- para la reconstrucción del país. Cuando se piensa que la mayor parte de las entidades financieras -públicas o privadas- pertenecen a los países que bombardearon sistemáticamente la infraestructura de Yugoslavia durante más de dos meses, postrándola en un retraso del cual le costará muchos años salir, uno queda estupefacto ante tanto cinismo.
Milosevic compareció finalmente ante sus jueces, declarando: "No necesito estar representado por un abogado ante un tribunal ilegal. Este es un tribunal falso y es falsa también el acta de acusación".
El traslado de Milosevic a La Haya, no es un avance del derecho internacional como lo presentan la Otan y los partidarios de la mal llamada justicia internacional que pisotea la soberanía de los Estados, sino una demostración flagrante de la sumisión de las autoridades de Belgrado a Washington.
Si Milosevic debe responder a las acusaciones debería haberlo hecho ante la justicia de su país. Sharon, Pinochet, Kissinger, ¿serán algún día encarcelados por sus crímenes? ¿Qué suerte espera a los innumerables criminales que han participado en delitos que caen dentro de la competencia de la justicia internacional? ¿Qué será por ejemplo de los altos oficiales y dirigentes norteamericanos que decidieron lanzar toneladas de bombas sobre Vietnam entre 1961 y 1971? ¿De los responsables de los bombardeos a Iraq que continúan matando civiles diez años después del término oficial de esa cruzada? Y los actuales responsables de los bombardeos en Afganistán ¿serán algún día detenidos?
En los años 20, el escritor norteamericano Scott Fitzgerald escribió su famoso libro Un diamante grande como el Ritz. Fitzgerald no sabía que ese exclusivo hotel parisino llegaría a ser el lugar donde pernoctarían los más conspicuos miembros del jet set internacional y algunos criminales famosos. Entre estos el Premio Nóbel de la Paz y ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. El 28 de mayo pasado, un juez francés lo convocó como testigo y conocedor del Plan Cóndor, organización terrorista criminal creada por la dictadura chilena en los años 70. Al tenor de documentos hoy desclasificados por la administración estadounidense, Kissinger estaba perfectamente informado de la existencia de esa organización terrorista.
Varios juristas consideran que Kissinger debería responder ante un tribunal internacional por la responsabilidad que le cabe por crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos: "Su papel en Camboya, en Chile, en Timor Oriental, indica que se trata de un criminal de primera magnitud. Entra en la misma categoría que el ministro nazi Von Ribbentrop, ahorcado en 1946. Pero Kissinger está protegido por la impunidad que gozan los líderes y agentes de la potencia dominante"(2).
Hitchens recuerda que en 1971, el general estadounidense Telford Taylor, ex consejero de Estados Unidos en el proceso de Nüremberg, analizando los fundamentos jurídicos y morales de éste, declaró: "Si los principios de Nüremberg fueran universalmente aplicados, particularmente a los dirigentes norteamericanos que planificaron la guerra de Vietnam, habría muchas posibilidades que corrieran la misma suerte que los nazis condenados en 1946".
Que Kissinger pueda ser encarcelado algún día parece improbable. ¿Quién puede imaginar que la potencia hegemónica acepte que uno de los atributos de su soberanía sea cuestionado? Kissinger, Haig, Bush y tantos otros, ¿deben temer a una justicia internacional que se aplica en realidad a los enemigos del orden mundial, es decir del orden norteamericano? Los países pequeños son los que deben temer a tal justicia porque detrás de este término, fundado en una noción noble como la defensa de las víctimas de abusos y crímenes, se esconde la violencia contra los pobres y débiles, legitimada desde ahora por las grandes instancias internacionales.
La responsabilidad del primer ministro israelí Ariel Sharon en la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila, en El Líbano en septiembre de 1982, ha sido puesta sobre el tapete a raíz de las querellas presentadas en Bélgica por sobrevivientes y familiares de las víctimas. Sharon es un criminal que dispone de un extenso prontuario. Las decenas de asesinatos cometidos contra el pueblo palestino desde su nominación como primer ministro, indican su voluntad de reincidir en la materia. Debería ser llevado ante un tribunal internacional para que respondiera por sus crímenes. Pero la justicia internacional se utiliza para castigar a los enemigos del imperio, no a sus defensores. Y para nadie es un secreto que el Estado sionista goza de impunidad garantizada por EE.UU.
Tel Aviv reaccionó airada, refutando el derecho de los tribunales belgas para juzgar a personas sin considerar el lugar de los delitos, ni la nacionalidad de las víctimas y de sus victimarios, agregando, además, que hacía años una comisión parlamentaria israelí estimó que no procedía enjuiciar a Sharon.
Los amos del mundo, tan preocupados del respeto a los derechos humanos cuando se trata de un enemigo del Imperio, no irán hasta el extremo de exigir lo mismo por parte de Israel. Sharon no será castigado.
Cesemos entonces de hablar de derechos humanos, de justicia internacional, cuando de lo que se trata es del corolario jurídico que el Imperio necesitaba para asentar y legitimar su dominación.
Estamos frente a una justicia internacional selectiva que emana de las potencias occidentales que quieren imponer al mundo sus reglas y que no aceptarán que sus propios dirigentes sean enjuiciados por sus crímenes.
El presidente argelino Abdelaziz Buteflika, hablando en nombre de la Organización de Unidad Africana en la ONU, tuvo razón al defender la soberanía de los Estados, calificándola como "última trinchera de protección" ante las reglas de un mundo injusto: "El Estado soberano sigue siendo indiscutiblemente, el lugar donde se debe realizar el contrato social y el marco en el cual deben organizarse los derechos humanos y políticos, pero también económicos y sociales. Las tres preguntas siguientes requieren respuestas precisas: ¿Dónde comienza y dónde termina la injerencia? ¿Cuáles son los límites que hay que establecer entre el ámbito humanitario, político y económico? La injerencia, ¿es válida para todos los Estados sin distinción o sólo para los Estados pequeños, débiles y frágiles?"

PACO PEÑA
En París

Notas
1. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); de la Convención sobre la Prevención de los Crímenes de Genocidio de diciembre de 1948; de los dos Pactos de la ONU vigentes desde 1976, garantizando los derechos precedentemente enunciados. Existen además algunas convenciones regionales como la Convención Interamericana, la Carta Africana de Derechos del Hombre, el Acta de Helsinki y la Declaración Islámica de Derechos del Hombre.
2. Christophe Hitchens, "Les Crimes de monsieur Kissinger", Editorial Saint Simon, París.

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2ème article :

Bancarrota política de la Socialdemocracia

Los cómplices del bombardeo a Yugoslavia -

Paco Peña - París

14 de abril de 1999 

La agresión armada de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN contra Yugoslavia, es una nueva prueba que el derecho internacional no existe. Por primera vez desde 1945, Francia y varios países europeos se encuentran comprometidos en una guerra, en circunstancias que ninguno de sus intereses vitales está en juego.

Esta guerra fue decidida por Estados Unidos y llevada a cabo sin mandato de la ONU y sin que los países europeos participantes en la agresión, hubiesen consultado a sus diputados y senadores, representantes del pueblo en las llamadas democracias representativas.

Esta agresión constituye una violación del sacrosanto derecho internacional, tantas veces proclamado por Estados Unidos y sus yanaconas de la OTAN. Se trata de la violación de la soberanía de un Estado, miembro reconocido por la ONU, contra el cual se invocan hipócritamente, los "derechos del hombre", contra la "barbarie".

Que la reacción internacional esté a la cabeza de esta guerra, no es novedad. Toda causa infame que exista en el mundo, reaccionarios y norteamericanos siempre la apoyarán.

Pero la aventura militar en curso fuerza a reflexionar acerca de los crímenes cometidos por la socialdemocracia. Hace 42 años, el gobierno del socialista francés Guy Mollet, decidía, de consuno con Gran Bretaña y la entidad sionista, la invasión del Canal de Suez. En ese entonces, la campaña de intoxicación desplegada, ya designaba a Gamal Abdel Nasser como "un nuevo Hitler".

Fue un ministro del Interior socialdemócrata, quien en 1954 anunciaba sin ambages que "Argelia era Francia", declarando la guerra al pueblo argelino.

En 1981, el mismo ex ministro del Interior, vestido para la ocasión con ropajes "socialistas", al frente de una coalición de izquierda, alcanzaba la presidencia de la República. Durante su mandato, François Mitterrand no cesó de apoyar cuanta tropelía cometieron los Estados Unidos Aliado -como Pinochet- del imperialismo inglés capitaneado por Margaret Thatcher en la guerra de "reconquista" de Las Malvinas en 1982, aplaudió discretamente la invasión yanqui a Panamá y participó en la cruzada del "mundo libre" contra Iraq. Cruzada que por otra parte aún no termina, como atestiguan los bombardeos británico-estadounidenses contra ese sufrido país, además del millón de iraquíes muertos desde 1991, a raíz del criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos y respaldado por sus segundones europeos. Mitterrand participó además en cuanta componenda se realizó contra el hoy extinto bloque de los países del Este.

Javier Solana, secretario general de la OTAN -brazo armado de los Estados Unidos en Europa-, es por su parte un dirigente histórico del PSOE, así como Gerhard Schröder lo es del SPD, Lionel Jospin del PSF, Massimo D'Alema del PSD y Anthony Blair, del Partido Laborista británico. Estos cuatro últimos, son jefes de sus respectivos gobiernos.

LA VARA QUE MIDE

Rara vez el mundo había asistido a una agresión de esta naturaleza: las naciones más ricas y poderosas de la Tierra, bajo la égida del nuevo amo mundial -al cual las primeras aceptan someterse voluntariamente-, se encarnizan contra un pequeño país exangüe, que rehusa la amputación de parte de su territorio.

El hipócrita principio esgrimido por estos paladines de la libertad para declarar la guerra a Yugoslavia, va a parejas con la infamia. Es un principio que tiene una geometría variable, se aplica de manera diferente, según se trate de un país percibido como amigo, es decir que se inclina, sometiéndose al diktat de los poderosos del mundo, o se niega a transigir cuando se trata de la defensa de su soberanía o dignidad.

En efecto, este principio, ¿se aplica en todas partes? ¿Se le aplicaría a Israel? ¿Se le bombardearía si su gobierno rehusa -como es el caso- reconocer el derecho de los palestinos a crear un Estado nacional? ¿Se bombardeará Israel por su política permanente de purificación étnica emprendida en 1948? ¿Por la expulsión de más de 800 mil palestinos y que ha tenido como resultado la constitución de una diáspora de varios millones de exiliados en los países vecinos? ¿Se lanzarán toneladas de bombas sobre este país, construido sobre la base de la segregación de los palestinos, por su campaña permanente de dinamitaje de sus habitaciones y por la expulsión de sus tierras? ¿Se sancionará a este Estado por haber introducido en su Constitución, un principio que legitima la tortura? ¿Se invocará el respeto del derecho internacional y se atacará a Israel para obligarlo a cumplir las innumerables resoluciones de la ONU, que lo conminan a abandonar Jerusalén Este, el Golán, el sur del Líbano y los territorios ocupados?(1)

¿Se bombardeará a Turquía por su polí tica de asimilación forzada de más de 15 millones de kurdos? ¿Desembarcarán las fuerzas de la OTAN en Chipre para liberar la zona norte de la isla, invadida y en manos de los turcos desde 1974, en abierta violación de resoluciones de la ONU? ¿Intervendrán los aviones furtivos norteamericanos en España, para salvaguardar los derechos reclamados por los vascos? ¿Se podrá organizar una fuerza expedicionaria para liberar Irlanda del colonialismo inglés? Y mañana, si como lo demostró con su fuerte incremento electoral, el Frente de Liberación Nacional de Córcega arrastra a buena parte de los isleños hacia sus posiciones, pidiendo la partida de las tropas francesas, recibiendo la previsible negativa de París, ¿la OTAN y sus intrépidos aviadores, harán pedazos la torre de Eiffel, el Louvre y los maravillosos puentes que atraviesan el Sena?

Los dirigentes socialistas europeos, con Anthony Blair a la cabeza, han cedido a las presiones norteamericanas. El general de Gaulle -que había mandado a mudar en 1966 a la OTAN y a Estados Unidos- debe darse vueltas en su tumba, puesto que el actual presidente Chirac, que con todo desparpajo pretende ser gaullista, integró nuevamente hace un par de años a Francia en el dispositivo militar de la OTAN

Si los socialistas gobiernan en varios grandes países europeos, disputándole con éxito la hegemonía política a los partidos conservadores, es porque tanto en el plano socio-económico interno, como en éste de las relaciones exteriores, han asumido y defienden con eficiencia lo esencial de la política del imperio.

Es así, como en 1993, el actual ministro socialista francés de economía -Strauss Kahn-, tranquilizaba al Wall Street Journal en caso de alternancia política, esto es, del triunfo de la derecha en las elecciones siguientes: ¿Qué va a cambiar si gana la derecha? Nada. Su política económica no será muy diferente de la nuestra". Y tenía razón, ahí están las privatizaciones, mucho más numerosas que las proyectadas por el precedente gobierno de derecha de Alain Juppé.

La diferencia es que las realizadas por el actual gobierno de la "izquierda plural", tienen el aval del Partido Comunista, que utilizando un lenguaje "renovado" tan conocido en nuestro país, acepta de "manera realista y pragmática" -dice su secretario nacional, Robert Hue- "no las privatizaciones, sino la apertura del capital de ciertas empresas a los accionistas" (¡Sic!).

COMUNISTAS PROTESTAN

Hace sólo dos semanas, el histórico periódico de los comunistas franceses, L'Humanité, fundado en 1904 por el eminente socialista y pacifista Jean Jaurés, había estimado necesario borrar de su logo la hoz y el martillo, lanzando una nueva fórmula, que Hue y la dirección del PCF creen cargada de prometedora modernidad...

Diversos dirigentes y diputados (Maxime Gremetz, Alain Bocquet, Carvahlo y los militantes de la tendencia Izquierda Comunista) exigen el término de la colaboración con el sumiso gobierno de Lionel Jospin.

La dirección del PCF ha debido, en todo caso, frente a la virulencia de la disidencia en sus filas y al repudio que la agresión nor teamericana provoca entre sus militantes, condenar la aventura guerrerista. "Pero -precisa Hue, haciendo caso omiso al clamor de sus bases que piden la renuncia de los ministros comunistas del gobierno de Jospin- no nos iremos del gobierno".

Y ello cuando se constata que el general yanqui que dirige los bombardeos en Yugoslavia, habla al igual que el socialista del PSOE, Javier Solana, como un verdadero criminal de guerra, dispuesto a cometer todos los crímenes contra la humanidad: "destruiremos, aniquilaremos, aplastaremos, exterminaremos, etc.", confesando abiertamente que el objetivo real de Estados Unidos, es obligar al presidente yugoslavo a capitular y a rendirse, para reemplazarlo por uno más dócil, un títere al servicio de los intereses yanquis.

Así, en abierta contradicción con los principios proclamados solemnemente en la Carta de las Naciones Unidas, una coalición compuesta por los países más ricos del planeta, pretende imponer su ley a pueblos -que como en Yugoslavia- ha cerrado filas en la defensa de su independencia y de su dignidad, incluso si no todos comparten las opciones políticas de Milosevic.

Slobodan Milosevic se puso a la cabeza de la Liga de los Comunistas yugoslavos en 1987. Seis años antes, Tito, el padre de la Yugoslavia moderna había muerto. Tito era croata y gracias a su prestigio y fuerte personalidad, pudo establecer un modus vivendi institucional que garantizaba cierta igualdad en la representación de las diferentes nacionalidades. La dislocación de Yugoslavia se acentuó con el reconocimiento prematuro y unilateral -por parte de Alemania y del Vaticano- de Croacia y Eslovenia.

La guerra en Croacia y luego en Bosnia, tuvo como resultado la deportación de miles de personas. Decenas de miles de serbios debieron abandonar la región de Krajina en Croacia, y varias regiones de la Bosnia musulmana. Exacciones y masacres se produjeron por los dos lados.

MILOSEVIC: DE COMUNISTA A NACIONALISTA

En ese marco, Milosevic (presidente elegido y en minoría en el Parlamento), adoptando un programa de fuerte contenido nacionalista, logró modificar la Constitución, suprimiendo la autonomía en 1990, luego de disturbios y enfrentamientos entre la policía serbia y kosovares de origen albanés. Esta decisión contó con la aprobación de los partidos serbios. Pero Kosovo, provincia serbia reconocida como tal por la comunidad internacional y cuna histórica de la nación serbia, desde donde inició la guerra contra el ocupante otomano, estaba poblada por cerca de un 80% de albaneses, que comenzaron una política de resistencia permanente contra el poder central de Belgrado.

Tratando de preservar lo que quedaba de la antigua República Federativa de Yugoslavia, Milosevic rehusaba restablecer la autonomía en la provincia. Finalmente -bajo presión de Estados Unidos y de los países europeos- aceptó el principio de acordar una "amplia autonomía" a la provincia, pero se negó a que tropas de la OTAN (24 mil hombres), se instalaran en suelo yugoslavo, suponiendo que esta fuerza militar empujaría a los sectores más radicalizados de los kosovares a exigir la independencia, como ya Madeleine Albright se lo había prometido al UCK, ejército financiado y armado por Estados Unidos.

Los avatares de las continuas guerras en los Balcanes tuvieron como resultado atrocidades cometidas contra la población civil bosnia, serbia y kosovar. Pero, por cierto, los europeos y los Estados Unidos, siempre se preocuparon de las víctimas que no eran de origen serbio, ignorando las barbaridades cometidas por sus protegidos.

Estados Unidos vio entonces la posibilidad de clavar su garra -llamado por los europeos- en una zona sensible de Europa, apoyando en el marco de una estrategia criminal la desestabilización de la península.

Clinton es un criminal peligroso. Eri giéndose en gendarme del mundo, dispone de tropas en Corea, de portaaviones en el Golfo y en el Adriático y de cómplices en el mundo entero, particularmente en Europa: en Inglaterra Tony Blair, clon de Thatcher; de Chirac y Jospin en Francia -donde el Partido Comunista sigue participando en el gobierno- solidarios del vasallaje de Europa frente Estados Unidos y de las masacres que esta sumisión implica, consintiendo en que los soldados europeos, cumplan el papel de yanaconas del agresor. De Schröder en Alemania, país que tiene gran responsabilidad en el proceso de dislocación de Yugoslavia en los Balcanes, al reconocer precipitadamente en 1991, la independencia de Croacia y Eslovenia.

Esta agresión premeditada y previamente planificada por Estados Unidos contra un país soberano, fue desencadenada sin consultar a los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para eludir la posibilidad de un veto. Pero ya habían precedentes inmediatos. En el curso del último año, Estados Unidos había atacado a otros tres países soberanos provocando víctimas civiles: Afganistán, Sudán e Iraq.

Los métodos utilizados en esta guerra, son, como en Iraq, aquellos de una guerra de cobardes, bautizada por el Pentágono "guerra cero-muerto". Es decir, empleando bombarderos volando a gran altura que descargan sus bombas alrededor de blancos "militares", sobre la población civil, como antes lo hicieron los nazis contra ese mismo pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, o como en los años 60, sus émulos norteamericanos en Vietnam.

SOCIALDEMOCRACIA SIN CARETA

Lo esencial para el estado mayor yanqui es no arriesgar la vida de uno solo de sus soldados, evitando una guerra terrestre, ya que encontraría frente a sus tropas, como hace algunos años en Vietnam, la resistencia de un pueblo motivado por su voluntad de independencia y dignidad.

Europa del Tratado de Maastricht, de Amsterdam y del Euro, colabora en estos momentos aportando el "perraje" del dispositivo yanqui, puesto que dicho texto estipula en su anexo que: "Europa no puede ser otra cosa que el pilar europeo de la Alianza Atlántica", precisando en el acta final, que "La Unión Europea actuará de conformidad con las disposiciones adoptadas en la Alianza Atlántica".

Europa, con sus Tony Blair, sus Chirac-Jospin, sus Schröder, muestra hoy que acepta servilmente ese estatuto colonial.

Ignacio Ramonet, escribió en Le Monde Diplomatique sobre el papel que desde hace algún tiempo ha asumido la socialdemocracia: "Venciendo en numerosas batallas por el poder a los partidos conservadores, y éstos, sabiéndose perdedores, aceptan ahora retirarse de la historia, como la aristocracia estuvo obligada a hacerlo en 1789... El espectro político, la Izquierda, necesita con urgencia una recomposición, ahora que el conservadurismo es defendido por la socialdemocracia. Es ella la derecha moderna. La socialdemocracia aceptó -por vacuidad teórica y oportunismo- la misión histórica de naturalizar al neoliberalismo. Es ella quien hace la guerra hoy en día en Yugoslavia, como la hará mañana en los suburbios pobres de las ciudades en nombre del "realismo". Puesto que ella -la socialdemocracia- no quiere cambiar nada. Y sobre todo y en ningún caso, el orden social"

PACO PEÑA

París

(1) Una noticia de la AFP dice: "Israel ordenó el lunes 29 de marzo, el cierre de tres instituciones palestinas en Jerusalén Este, prohibiendo el acceso a la ciudad santa a dos personalidades palestinas. Las tres instituciones son: la Oficina de la Agencia de Prensa Palestina Wafa, la oficina del consejero del presidente Arafat para los Asuntos Cristianos, y el Centro de Apoyo a los Prisioneros. Le fue prohibido el acceso a la ciudad al miembro del Parlamento palestino, Ziad Abu Ziadum y a Jamil Othman, gobernador palestino de Jerusalén".